June 17, 2019
The following post is a translation of a statement of support for Goldman Environmental Prize winner Alberto Curamil, issued by Senator Patrick Leahy. Click here to read the statement in English. Alberto’s daughter, Belen Curamil, and Miguel Melín of the Alianza Territorial Mapuche (ATM) met with the senator’s office during the Goldman Prize tour in April 2019 in Washington, DC.
Declaración del Senador Patrick Leahy
Acerca de Alberto Curamil
Registro del Congreso
23 de mayo del 2019
Sr. LEAHY. Quiero llamar la atención del Senado a la historia y el ejemplo de Alberto Curamil, un activista defensor del medioambiente que es miembro del pueblo indígena Mapuche, en la región chilena de la Araucanía. Los mapuches son el grupo indígena más grande de Chile, y desde los años 1800 han luchado por proteger su cultura, territorio, ríos, bosques y recursos naturales contra la incursión y destrucción por parte de colonos y empresas de energía que a menudo han actuado impunemente y con el respaldo del gobierno. El Sr. Curamil ha dedicado su vida a esta causa. Se trata de la lucha por la existencia de los pueblos indígenas en un sinnúmero de países puesto que la insaciable demanda mundial de energía, tierras cultivables, agua, madera, petróleo, gas y minerales amenaza sus tierras y formas de vida ancestrales.
Hace varios años, durante una prolongada sequía en Chile, el Ministerio de Energía anunció un plan para dos grandes proyectos hidroeléctricos en la Araucanía, sin previa consulta con el pueblo mapuche que vive ahí. Según informes, los proyectos desviarían más de 500 millones de galones de agua para generar energía, lo que limitaría gravemente el flujo de agua y dañaría el ecosistema del río Cautín, del cual dependen muchos de los mapuches para sobrevivir.
El Sr. Curamil, quien tiene tres hijos, vive en las afueras del pueblo de Curacautín. Es un granjero que cría animales. Su esposa enseña el idioma mapuche. Temiendo lo que el daño al río significaría para su comunidad, organizó a personas mapuche y no mapuche, organizaciones ambientales, abogados y académicos, para intentar detener los proyectos. En protestas públicas y en los tribunales, argumentaron que el gobierno había ignorado la ley chilena, la cual requiere el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas antes de aprobar tales proyectos. A pesar del hostigamiento, las amenazas y los ataques violentos, el Sr. Curamil logró unir a la oposición y en 2016 se cancelaron los proyectos.
Pero las cosas no se quedaron así.
El 14 de agosto del 2018, el Sr. Curamil fue detenido y encarcelado por la policía nacional chilena. Se le ha acusado de asalto durante un robo a un banco en el cual hubo rehenes y salió herido un guardia. Un testigo anónimo, según informes, dijo que uno de los asaltantes parecía mapuche, y arrestaron al Sr. Curamil. No ha habido procedimientos judiciales y el Sr. Curamil permanece en detención preventiva.
El Sr. Curamil y su familia dicen que él es víctima de las represalias por su activismo medioambiental, que él estaba asistiendo a una reunión en otro pueblo cuando sucedió el robo, y que muchas personas pueden dar testimonio de su presencia ahí. Cuando fue detenido, su casa fue saqueada y hecha un desastre por la policía. Él era miembro de la Alianza Mapuche Territorial, una organización de base cuyo objetivo es reintegrar al pueblo mapuche mediante el reclamo de su idioma, territorio y derechos que fueron fracturados y repetidamente violentados durante los últimos dos siglos.
Menciono estos eventos para poner en contexto el reciente anuncio que Alberto Curamil fue seleccionado como uno de los ganadores del Premio Ambiental Goldman del 2019. El premio honra a activistas medioambientales de base de todo el mundo, destacando a individuos por sus extraordinarios y constantes esfuerzos por proteger el medioambiente natural, a menudo con gran riesgo personal.
El Sr. Curamil no solo lideró un desafío exitoso a la decisión ilegal por parte del Ministerio de Energía de Chile, sino que también se ve ahora sujeto a lo que muchos sospechan es un abuso flagrante y vengativo del proceso judicial, del tipo que hemos llegado a esperar en países con gobiernos autoritarios como Rusia, pero no en países democráticos como Chile.
Si las autoridades chilenas tienen evidencia creíble para respaldar la acusación contra el Sr. Curamil, deben presentarla en un juicio público y proporcionarle la oportunidad de defenderse. En lugar de esto, casi 10 meses después de su arresto, él languidece en la cárcel mientras su esposa e hijos están solos, valiéndose por sí mismos.
Los intentos de intimidar y silenciar al Sr. Curamil, y las amenazas a su pueblo y su medioambiente natural, no son únicos. Esto está sucediendo a los pueblos indígenas en todo el mundo, y cada año el prestigioso Premio Ambiental Goldman ayuda a llamar la atención sobre personas como el Sr. Curamil, quienes han arriesgado sus vidas en nombre de sus comunidades, especies silvestres, ríos, lagos, bosques y océanos que están siendo amenazados o destruidos.
El Sr. Curamil es un activista defensor del medioambiente y la justicia social que debería enorgullecer a los chilenos. Como los cientos de personas en asistencia en San Francisco y en Washington que celebraron cuando su hija, Belén Curamil, recibió el Premio en su nombre, el pueblo chileno debe reconocer al Sr. Curamil por su valiente defensa del medioambiente natural y la diversa herencia cultural chilena.
Debe también preocuparnos el hecho que el arresto del Sr. Curamil ocurre en el contexto de la creciente violencia entre la policía nacional y los activistas mapuches. En el centro de la disputa se encuentra la tenencia de tierras y la falta de consulta previa sobre la legislación o la inversión en proyectos que afectan directamente a los mapuches. La madera es el segundo producto de exportación más grande de Chile, con un valor de miles de millones de dólares anuales, y la élite política tiene una profunda inversión en la industria. Los activistas mapuches están participando en una campaña contra la industria maderera y sus defensores en el gobierno. Como respuesta, los fiscales están usando una ley antiterrorista introducida originalmente por la dictadura militar de Augusto Pinochet para reprimir la disidencia política. La ley permite la detención preventiva indefinida, como también que las investigaciones se mantengan secretas por hasta seis meses, y que se admita evidencia de testigos anónimos en las audiencias orales, como en el caso del Sr. Curamil.
Esta situación se describe aptamente por Global Witness en su informe del 2017, Defender la Tierra: “Cada vez es más evidente que, a nivel mundial, los gobiernos y los actores empresariales están fallando en proteger a las personas activistas en riesgo … Increíblemente, son las propias personas activistas las que son pintadas como delincuentes, enfrentando acusaciones criminales falsas y casos civiles agresivos, presentados por gobiernos y compañías que buscan silenciarlas. Esta criminalización se utiliza para intimidar a las y los defensores, manchar su reputación y acorralarles en costosas batallas legales.”
La policía de Chile ha intervenido violentamente a favor de las empresas privadas, intimidando a las comunidades mapuches. El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU advirtió que el gobierno y la policía están cada vez más atacando a los activistas que están haciendo campaña para proteger sus tierras contra la minería, la tala y las represas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno chileno por aplicar leyes antiterroristas contra líderes mapuches.
Según Amnistía Internacional, “A pesar de que la violencia contra defensores es una constante en la región, se conoce poco sobre la realidad de Chile, sobre todo en relación al contexto histórico de criminalización y estigmatización de las comunidades del pueblo mapuche y sus líderes. Las autoridades chilenas tienen la obligación de garantizar condiciones que permiten a los defensores de derechos humanos ejercer su trabajo y de establecer mecanismos de protección para defensores del medioambiente y líderes indígenas que se enfrentan a una constante criminalización y estigmatización. ”
Nuevamente, estas circunstancias no afectan únicamente a Chile. Confrontaciones similares están ocurriendo en muchos países. Pero el hecho que el Sr. Curamil haya recibido el Premio Ambiental Goldman nos debe hacer prestar atención a todos, y debe obligarnos a hacer las preguntas: ¿No deberían manejarse mejor estos temas? ¿Es aceptable que el gobierno chileno tilde a estos defensores, en su mayoría personas pobres e indefensas, de “terroristas,” por tratar de proteger su territorio y su forma de vida? ¿No debería el gobierno chileno fungir de convocante de un diálogo que reconoce los derechos legítimos de su población indígena, que garantice su consulta de manera significativa y oportuna, como lo requiere la ley, sobre decisiones que los afectan, y que sus perspectivas se reflejen adecuadamente en esas decisiones? ¿No es ésa la responsabilidad del gobierno– escuchar a sus ciudadanos que tradicionalmente han sido ignorados y cuya forma de vida se ve amenazada, y encontrar soluciones sostenibles y creativas?
Vemos las consecuencias en todos los continentes. Bosques tropicales talados para las plantaciones de palmas de aceite, arrecifes de coral destruidos, ríos contaminados, embalsados y desviados, poblaciones de peces agotadas, y otras especies silvestres que se enfrentan a la extinción.
Me sumo a los demás en felicitar a Alberto Curamil por ser un ejemplo en un momento en el cual el medioambiente natural está bajo asedio debido al desarrollo, la imprudencia y la codicia humana.
A principios de este mes, una evaluación de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad del mundo, elaborada por 145 expertos de 50 países durante tres años, informó que “La salud de los ecosistemas en los que dependemos tanto nosotros como todas las demás especies se está deteriorando más rápidamente que nunca. Estamos erosionando las fundaciones mismas de nuestras economías, nuestros medios de vida, nuestra seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo.”
Esto es verdad en Chile como lo es también virtualmente en todos los países. Aceptar esta situación no es la respuesta, y espero que el gobierno chileno reconozca que personas como Alberto Curamil merecen ser escuchadas y apoyadas, no amenazadas y encarceladas.
